Desde IU se
va a presentar una enmienda a la totalidad en el Congreso de los Diputados
contra la REFORMA DE LA LEY DE REGIMEN
LOCAL
Esta reforma
elimina el poder de lo más cercano, aleja a la ciudadanía de la gestión de lo
público, y fortalece la deriva autoritaria, el alejamiento de la política de
una población que exige más participación, más democracia y más transparencia.
El gobierno responde con más tutelaje, menos democracia y menos participación
en los asuntos públicos.
En este sentido, el borrador de la
reforma que se pretende está impregnado de los principios del reformado
artículo 135 de la Constitución Española así como de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestara y Sostenibilidad financiera, que
condiciona todas las actuaciones relacionadas con las competencias, servicios y
atención a la ciudadanía que los Ayuntamientos vienen prestando, desde la
pretendida intención de eliminar competencias.
Desde su constitución en 1979, los
Ayuntamientos democráticos han ido desarrollando sus actuaciones en el
servicio de la comunidad a la que gobiernan en dirección a una permamente
aunque desigual descentralización, asumiendo competencias en aras a la mejora
de la vida de la ciudadanía a la que sirven y gobiernan.
Esta reforma pretende el
desmantelamiento de la referencia más cercana a la ciudadanía, el primer nivel
de acceso a la representación popular, y lo sustituye por la eliminación de
competencias y servicios consolidados, así como por una ausencia de
financiación que aboque a la privatización de los que queden. En resumen,
provoca:
1.- Tutela y control sobre la administración local, otorgando
a las Diputaciones provinciales o entes equivalentes, no únicamente la
“coordinación de servicios”, sino relevantes competencias, entre ellas, las de
gestión tributaria.
2.- Vinculación del coste efectivo (antes estándar) de
los servicios, considerando a la administración un mero árbitro del tráfico
jurídico, cuyos parámetros vendrán determinados por una mera Orden ministerial.
3.- Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como único patrón de medida, del que depende la autonomía municipal. Se
produce por ende reestructuración del sector público local, que potencia la
iniciativa económica privada, y por añadidura, la creación de lobbies
empresariales para la prestación de servicios.
4.- Aparición de un
nuevo mecanismo o protocolo vehiculador de la fusión entre ayuntamientos: el convenio de fusión (aprobado por mayoría simple de los plenos municipales), que en algunos casos supone una clara imposición, no se sabe si a decisión
del Gobierno o de las Cortes.
5.- Desapoderamiento y vaciamiento de competencias del ámbito local, dejando a los Ayuntamientos como entidades meramente
formales.
6.- Subsidiariedad e imposibilidad “de facto” de la iniciativa pública empresarial.
7.- Establecimiento de mecanismos de ajuste o
redimensionamiento (como expone el texto) sobre el personal al servicio de las administraciones públicas
La reforma del articulo de la Constitución Española en septiembre del 2011,
pactada por PSOE Y PP,recoge el principio de estabilidad presupuestaria como
principio rector de todas las administraciones publicas, y a esta obsesión se
somete ahora a la administración local a través de esta reforma, sin contemplar
las consecuencias sociales en forma de pobreza y deterioro de los servicios que
esa rigidez provoca en la sociedad.
Desde esta agrupación local consideramos que es un ataque directo a los servicios básicos que tiene un ciudadano con sus ayuntamiento , no es una reforma es una demolición
de los servicios sociales de los ayuntamientos como es la educación salud y
servicios sociales., para pasarlos a las Comunidades Autónomas sin un análisis económico
financiero serio , sino de lo que se trata es simplemente de justificar un
ahorro final de 8000 millones de euros.
